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Mientras en distintos estados del norte y oriente del país el potencial para extraer gas natural mediante fractura hidráulica, mejor conocida como fracking, ha despertado el interés de la industria energética, Puebla ha seguido un camino distinto. La riqueza ambiental, la presencia de comunidades indígenas y la importancia de su patrimonio biocultural han convertido al estado en uno de los territorios donde la protección del entorno ha prevalecido sobre la explotación de hidrocarburos.
¿Qué es el fracking?
El fracking es una técnica utilizada para extraer gas y petróleo atrapados en formaciones rocosas profundas mediante la inyección de millones de litros de agua mezclada con arena y productos químicos a alta presión. Aunque esta tecnología ha incrementado la producción energética en diversos países, también ha generado preocupación por sus posibles impactos ambientales, como la contaminación de mantos acuíferos, el elevado consumo de agua, la fragmentación de ecosistemas y el aumento de emisiones de metano.
En Puebla, estas preocupaciones adquieren una dimensión especial pues el estado alberga una importante diversidad biológica y forma parte de regiones prioritarias para la conservación. Áreas como la Sierra Norte, la Sierra Negra y el Valle de Tehuacán-Cuicatlán concentran bosques, selvas, ríos y especies endémicas que representan un patrimonio natural invaluable por lo que cualquier actividad extractiva de gran escala implicaría riesgos para estos ecosistemas.
Pero el principal escudo de Puebla no es únicamente ambiental, ya que más de una cuarta parte de su población pertenece a pueblos indígenas, entre ellos nahuas, totonacos, popolocas, mazatecos, otomíes, mixtecos y tepehuas. Para estas comunidades, el territorio no solo representa una fuente de recursos, sino un espacio donde convergen identidad, cultura, historia y formas tradicionales de vida.
La posibilidad de implementar la fracturación hidráulica en territorio poblano ha sido objeto de análisis por parte del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural No Convencional, a menudo referido también en las presentaciones de gobierno como el Comité Científico de Soberanía Energética. Las investigaciones ambientales y geológicas señalan que esta región no solo tiene una enorme densidad de población, sino una profunda raíz cultural gracias a sus comunidades indígenas, lo que implica riesgos significativos para los manantiales, la actividad agrícola, la biodiversidad y la salud pública de las poblaciones rurales, además de impactar áreas de uso comunitario.
A los hallazgos científicos se suma el marco jurídico nacional e internacional. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la legislación mexicana establecen que el derecho a la consulta previa, libre e informada es un requisito obligatorio antes de la ejecución de proyectos que puedan incidir en los territorios y formas de vida de los pueblos indígenas.
Por otra parte, los análisis socioeconómicos de la región demuestran que Puebla basa una parte fundamental de su desarrollo en actividades estrechamente vinculadas con la preservación de sus recursos naturales. La producción agrícola, el ecoturismo, los Pueblos Mágicos y la conservación de áreas protegidas dependen directamente de la disponibilidad de agua. En este sentido, los estudios concluyen que la sobreexplotación o contaminación hídrica generaría un impacto económico y social mayor que los beneficios proyectados por la extracción de gas.
Aunque el debate sobre las necesidades energéticas del país y el potencial de los yacimientos no convencionales continúa en la agenda nacional, la evidencia científica recopilada hasta la fecha sitúa a Puebla en un estatus no apto para esta técnica. Bajo este contexto de investigación, las evaluaciones determinan que el mayor valor estratégico del estado radica en la preservación de su patrimonio natural, hídrico y cultural existente sobre el suelo.
